Ayuda al desarrollo desmantelada

(Artículo publicado en Seguimos Informando)

Las ONGD, tal y como hoy las conocemos, llevan trabajando de forma intensa y continuada en la cooperación al desarrollo desde hace más de tres décadas. Nacieron en su actual formato durante la transición, crecieron con las hambrunas de Etiopía y Somalia, adquirieron notoriedad con la campaña del 0’7, se multiplicaron a raíz del huracán Mitch y hoy tratan de sobrevivir a una crisis que puede mermarlas definitivamente. Nos estamos refiriendo a la impuesta aniquilación del compromiso que habían adquirido desde su inicio con comunidades de base, asociaciones ciudadanas y sociedad civil en aquellos lugares del planeta en los que la vida no responde a los mínimos derechos fundamentales de la dignidad humana.

Las ONGD son, por lo tanto, algunos de los agentes mayormente damnificados por el duro golpe que han sufrido los instrumentos con los que trabaja el Estado para implementar sus políticas de cooperación con los países empobrecidos. España se encuentra a la cola de los países que ofrecen ayuda habiendo descendido a cotas del año 1990 cuando esta Ayuda Oficial al Desarrollo (AOD) se encontraba en fases incipientes. Estos datos han ido empeorando en los últimos tiempos: la aportación de España para combatir la pobreza en los países en vías de desarrollo había decrecido un 67% entre 2008 y 2012. En 2013, ya muy alejados del objetivo del 0,7% de Naciones Unidas, la ayuda española sólo alcanzó el 0,16% de la Renta Nacional Bruta. El único respiro que nos proporciona el presupuesto para la cooperación en 2015 es que mantendrá el 0,17%. Pero paradojas de la “telaraña” global, casi al mismo tiempo que se incumplen los compromisos adquiridos con la comunidad internacional, este país entra a formar parte del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas.

Pero hilemos más fino. Según datos ofrecidos por la Coordinadora de ONGD, sólo el 45% de la AOD estará gestionada por el Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación mientras que más de la mitad se administrará desde otros ministerios. A su vez, sólo el 12% de estos fondos estarán gestionados por la Agencia Española de la Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID), por lo que esta agencia sigue perdiendo fuelle en el reparto. Este porcentaje es un indicador relevante para medir la voluntad del Estado con la cooperación porque estos fondos no son obligatorios. No así otras contribuciones como las que España tiene con la Unión Europea y otros organismos internacionales. A fecha de hoy se puede afirmar que la mayoría de la AOD española está compuesta por aportaciones obligatorias. A pesar de que el Gobierno considera que los fondos destinados a convenios con ONGD son “un tipo de ayuda que va muy directamente a los ciudadanos de los países en desarrollo” ésta descendió en un 65% desde 2012, unos 50 millones. Al mismo tiempo, el resto de partidas destinadas a financiar proyectos, programas y otras ayudas singulares a ONGD fueron suprimidas y no se han recuperado por el momento.

Aunque la AOD aportada por las Comunidades Autónomas y las entidades locales ha decrecido un 5% en todo el Estado, el caso de Euskadi es algo diferente. El presupuesto del Gobierno Vasco para cooperación al desarrollo en 2015 asciende a 40 millones de euros, 4,5 millones más que este año (un 12% más). Esta partida, que gestiona la Agencia Vasca de Cooperación al Desarrollo, tiene como objetivo en este ejercicio acometer las acciones del Plan Director Cuatrienal 2014-2017 de Cooperación al Desarrollo que el Gobierno Vasco aprobará en breve. Sin embargo, todavía estamos lejos de tiempos pasados y de un horizonte más cercano al 0,7%.

Esta etapa oscura que nos ha tocado vivir no apaga las aspiraciones y proyectos de tantas entidades comprometidas con los países empobrecidos. Las ONGD, que combinan la financiación de los proyectos por parte de la Administración con los fondos obtenidos por la donación de su cupo de socios y por los acuerdos y alianzas con las empresas, tienen cuerda para rato. Porque en el fondo de este planteamiento esta su posicionamiento ético y el apoyo de millones de ciudadan@s que creen en que el mundo global empieza por pensar que todos tenemos que ver algo con los demás, sin importarnos los kilómetros que nos separan ni la identidad cultural con la que nos relacionamos.

Las redes sociales se mueven estos días al ritmo del hashtag #VotaCooperaSI para reclamar que los que pagamos impuestos tengamos la posibilidad de pensar en global, de cooperar con millones de personas a los que tenemos la oportunidad de ayudar a mejorar sus vidas. Una forma más de creer que debemos dejar de mirarnos constantemente al ombligo y abrir la perspectiva más allá de nuestras fronteras para un construir un planeta que también globalice los derechos.