La Comisión Europea propuso una ley sobre el uso de la inteligencia artificial el 21 de abril de 2021. El Consejo de la UE, que representa a los gobiernos nacionales de la Unión, adoptó su posición en diciembre de 2022. El Parlamento Europeo se propone finalizar su posición en junio del año en curso, después de lo cual, las tres instituciones tendrán que acordar un texto común para el Reglamento.
Amnistía Internacional, como parte de una coalición de organizaciones de la sociedad civil encabezada por la Red Europea de Derechos Digitales (EDRi), pide una regulación de las tecnologías y prácticas de IA en la UE acorde con los derechos humanos.
“Resulta preocupante que el proyecto legislativo permita que los proveedores de sistemas de IA utilizados para la aplicación de la ley, la gestión de la migración, la provisión de prestaciones sociales y otras áreas de gran interés eludan la Ley de IA al concederles la facultad de decidir si sus sistemas representan un riesgo elevado para los derechos humanos. Esto podría convertir la Ley en un mero “documento orientativo” para IA de alto riesgo en lugar de ser una normativa efectiva.
“Amnistía Internacional insta a la UE a que cumpla sus compromisos contraídos en virtud del derecho internacional. La UE debe garantizar una transparencia y rendición de cuentas significativas en relación al uso y la exportación de sistemas de IA, los tipos de impacto que tienen éstos en los derechos humanos, y empoderar a las personas afectadas garantizando su igualdad de acceso a las tecnologías y el derecho a interponer recursos y obtener reparación en caso de sufrir perjuicios”.
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